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La demanda que tiene al ICETEX temblando

Daniela Álvarez Gallo, miembro de La Universidad más Pública y expresidente del Consejo Estudiantil Uniandino. Aquí su columna "La demanda que tiene al ICETEX temblando" Para contestar la columna envía tu propuesta a preiodicoeluniandino@gmail.com.



Esta semana el Consejo de Estado le negó al ICETEX un recurso que buscaba tumbar una demanda en su contra hecha por el Concejal de Bogotá Manuel Sarmiento del Polo Democrático Alternativo. La demanda exige anular por inconstitucional la figura de capitalización de intereses, principal causante de que hoy muchos usuarios vean sus deudas duplicadas o triplicadas. Un ejemplo de este efecto es el de Edward a quien el ICETEX le prestó 44 millones, ha pagado 46 y aún debe 47, o Lina que debe un total de 52 millones y su cálculo sobre lo que terminará pagando solo en intereses se acerca a 40 millones. Ambos son casos reales de dos personas que me han compartido sus testimonios de manera confidencial.


La demanda que se presentó hace 5 años ha avanzado lentamente, pero hoy está a un paso de tener sentencia definitiva. El fallo podría ser la clave para que los más 630 mil usuarios del ICETEX tengan un respiro de un sistema de cobros injusto, implementado por esa institución desde 1992.

La capitalización de intereses es el cobro de intereses sobre intereses. En el caso del ICETEX se cobran tres intereses distintos al aplicar esta figura: intereses en la época de estudio, en el periodo de gracia y en el periodo de pago. Cuando acaba el periodo de gracia se acumulan el capital prestado, los intereses generados en la época de estudios y los generados en el tiempo de gracia y sobre esa suma se comienza a cobrar en el periodo de pago unos nuevos. Esto hace que la deuda incremente de manera desproporcionada en el tiempo y llegue a ser impagable.


Daniel Torres, director de la organización ICETEX TE ARRUINA, dice que durante el periodo de gracia la capitalización de intereses incrementa el valor del crédito entre un 12% y un 47%. Luego, sobre este importante incremento se generan nuevos intereses a lo largo de todo el periodo de pago que para los usuarios de ACCESS (13 de cada 20 usuarios de ICETEX adquirieron esta línea de crédito) es en promedio de 8 años y medio.


La figura de la capitalización de intereses en principio no es ilegal. Sin embargo, la demanda pide que se revise si en este caso es acorde con la Constitución Política, pues de acuerdo con Manuel Sarmiento, se viola el principio de progresividad que debe tener el derecho a la educación. Esto, según el artículo 69 de la Constitución que ordena al Estado a facilitar los “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. En particular, la violación a la Constitución se da pues la capitalización de intereses aumenta de forma desmesurada las deudas con el objetivo de darle rendimiento a los créditos y no el de mantener el valor del dinero en el tiempo, violando en el proceso el mandato de facilitar los mecanismos financieros para garantizar de manera progresiva el derecho a la educación superior.


La Corte Constitucional ya ha fallado en contra de la capitalización de intereses en mecanismos financieros que den acceso a derechos fundamentales en el pasado. En 1999 la Corte prohíbió la aplicación de capitalización en los créditos para adquirir vivienda, pues la Constitución le ordena al Estado implementar políticas para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna. Todo esto a propósito de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), que al aplicar la capitalización de intereses ocasionó que las deudas de las familias para adquirir vivienda social subieran por encima de la capacidad de pago, cerca de 300.000 personas perdieron sus viviendas.


En su momento la UPAC trató de defenderse señalando que cobraba la capitalización de intereses para mantener el valor del dinero en el tiempo, la Corte hizo su debido análisis y señaló que que la figura tenía el objetivo de mejorar la rentabilidad de los créditos, no de mantener la capacidad adquisitiva del dinero.


El ICETEX, al igual que la UPAC, se ha defendido diciendo que la figura busca mantener la capacidad adquisitiva del dinero. Sin embargo, los créditos que ofrecen ya incluyen las consideraciones para evitar que el dinero prestado pierda su valor en el tiempo correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos los valores extras generan rentas para el ICETEX. Esto es inaceptable pues se obtiene a costa de ahogar a los usuarios en deudas impagables para poder acceder al derecho fundamental a la educación superior.


La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) ha denunciado en varias ocasiones que el ICETEX cobra estas elevadas tasas de interés porque a su vez se encuentra endeudado en condiciones igualmente abusivas y usureras con el Banco Mundial. En una intervención ciudadana contra un decreto del ICETEX, la ACREES señala que esa institución se encuentra endeudada con el Banco Mundial por una suma de 820 millones de dólares entre cuatro líneas de crédito distintas. Para febrero del 2019 el banco mundial le había desembolsado al ICETEX 2.1 billones de pesos, el ICETEX había pagado cerca de 546 mil millones de los cuales el 88% se fueron a intereses y solo el 12% aportó a capital, esto significa que aun cuando el monto pagado es casi el 26% del total prestado, con ese corte sólo representó una disminución de la deuda en un 3.2%. Siendo así, es posible concluir que el ICETEX, entre otras razones, cobra estos intereses compuestos porque tiene la necesidad de generar rentas que le permitan pagar las deudas que tiene con el Banco Mundial.


Esta demanda es un avance histórico en las reivindicaciones que lleva haciendo por años el movimiento estudiantil sobre el derecho a la educación. Aunque el acceso al sistema idealmente no debería garantizarse mediante créditos educativos, una sentencia para prohibir que estos créditos ahoguen en deudas impagables a los usuarios es un paso en la dirección correcta para garantizar ese derecho.



Por: Daniela Álvarez Gallo, miembro de La Universidad más Pública y expresidente del Consejo Estudiantil Uniandino


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