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En Colombia nos olvidamos de la responsabilidad política

Juan Felipe Monroy, Magíster en ciencia política e integrante de Enlazadas: Red Nacional contra las violencias basadas en género. Aquí su columna "En Colombia nos olvidamos de la responsabilidad política". Para contestar la columna envía tu propuesta a preiodicoeluniandino@gmail.com.



Sin duda alguna la medida de aseguramiento preventivo impuesta por la Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Uribe Vélez sacudió la coyuntura política de Colombia. La noticia fue una bomba. El político más poderoso de Colombia durante los últimos 20 años ahora está preso. Aquel que gobernó ocho años seguidos y que tocó como con una varita mágica a los dos presidentes siguientes, aquel que les dio su bendición para que así el pueblo los eligiera. Tal era ese político que el día de su captura todos los medios reaccionaron lo más rápido posible y las redes se llenaron de memes y comunicados de cada personaje de la política apoyando o rechazando la decisión.


¿Por qué una decisión judicial viene revestida de tanta legitimidad? ¿Qué la hace distinta? Este texto no está ni cerca de sugerir que las decisiones de la justicia carezcan de legitimidad o que no deban respetarse, todo lo contrario, hago un llamado a acatar las decisiones de las cortes y de los jueces de la república, estemos o no de acuerdo con ellas. Es más, lo que quiero subrayar es que únicamente una acción jurídica pudo hacer tambalear el poder inmenso que todavía ostenta Álvaro Uribe. Durante su gobierno enfrentó serios cuestionamientos políticos, como el de la parapolítica o el de Agro Ingreso Seguro, destapados en debates de control político en el Congreso por Gustavo Petro y Jorge Robledo respectivamente, pero nunca se le movió la estantería. Su gobierno también sorteó problemas con la justicia, como las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, el soborno a dos congresistas para que votaran positivamente el referendo reeleccionista, que llevó a su Ministro de Interior a la cárcel, o el mismo Agro Ingreso Seguro que condenó a dos ministros de agricultura. Aquí la diferencia es que los procesos judiciales iban contra sus ministros y no contra él, y por esa razón, su imagen siguió intacta. De ahí que la mejor defensa de sus sus seguidores sea “a Uribe nunca le han probado nada”.


Se pueden considerar dos factores que explican por qué una decisión judicial sí golpea a un líder político consolidado, a diferencia de los cuestionamientos políticos. El primero tiene que ver con la radicalización en que se desarrolla la política colombiana. Paradójicamente, Uribe ha sido uno de los personajes que más ha contribuido a esta radicalización, pues escudado en su popularidad se dio el lujo de instaurar la política de “el que no está conmigo está contra mí”. No son pocas las veces que llamó “guerrillero”, “amigos del terrorismo” o cosas por el estilo a personas u organizaciones que se le oponían. Tanto es así que desde el 2006 la lucha política se ha centrado en ganarle a Uribe o al que diga Uribe. Esa radicalización, que llevó a personajes tan disímiles como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro a quedar enmarcados bajo el mote de “castrochavistas”, ha hecho que el uribismo y antiuribismo se caractericen y se consoliden como enemigos jurados y a que se formen ídolos en vez de líderes y fanáticos más que seguidores. Es por esto que un debate de control político, salvo que tenga consecuencias jurídicas, no le hace ni cosquillas a Uribe o a sus elegidos. Difícilmente logrará cambiar las preferencias políticas de los ciudadanos, sino que al contrario, logra reforzarlas, ya que quienes cuestionan al uribismo son vistos como aliados de Maduro, o de las FARC, o de lo que quieran decir. De ahí se desprende una segunda explicación: la consolidación de los dos grupos como enemigos, y no como contradictores, hace que la justicia quiera ser usada como herramienta punitiva para golpear al enemigo. Contra una decisión judicial es poco lo que se puede hacer, entonces se convierte en la mejor manera de eliminar a un contradictor político. Recordemos que Uribe quiso enlodar a Iván Cepeda por el mismo delito por el que ahora es investigado.


Pero hay otros casos, además del de Uribe, que denotan que la responsabilidad política en Colombia no existe, ya que el ambiente de radicalización no permite reconocer un error del bando al que se pertenece hasta que haya una decisión judicial. Juan Pablo Bieri, ex-gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), tuvo que renunciar a su cargo cuando salió una grabación en la que quedaba claro que buscaba censurar el programa “Los Puros Criollos” y a su conductor Santiago Rivas, ya que este último había expresado sus críticas en contra del presidente Duque. Bieri se defendió diciendo que la grabación vulneraba su privacidad y que por tanto era una prueba ilegal. Hasta Martha Lucía Ramírez también lo defendió y dijo que si no había falta a la ley no tenía por qué renunciar.


Otro caso: a Ernesto Macías lo atrapó una cámara de televisión hablando orgulloso de su última “jugadita” como presidente del Congreso. Consistía en decretar un receso en la sesión de instalación para que el presidente pudiera salir del recinto y no tuviera que escuchar la respuesta de la bancada de oposición. Macías también se defendió diciendo que no había violado la ley.


Y son muchos más los casos de los que se puede hablar (Alex Char, Néstor Humberto Martínez, Andrés Felipe Arias), pero con estos tres basta para ver que cuando se trata de defender lo indefendible, la mejor argucia es decir que no se cometió ningún delito. Por eso Macías sigue siendo senador, Bieri ahora es asesor del DAPRE y Uribe mantuvo su poder por más de 20 años. La falta de responsabilidad política explica por qué, con tantos copartidarios encarcelados, Álvaro Uribe es el único colombiano que se mete a una piscina y no se moja.



Por: Juan Felipe Monroy. Magíster en ciencia política e integrante de Enlazadas: Red Nacional contra las violencias basadas en género.




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