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El referendo del engaño



El 1 de noviembre el expresidente Uribe publicó la propuesta de referendo que previamente había sido anunciada. En cuestión de segundos las redes se inundaron de críticas, mensajes de apoyo incondicional y demás controversia, la que siempre surge con una figura tan polémica como Uribe. El referendo-revoltillo que incluye todo tipo de reformas, se titula “¡Cuidemos la Amazonía!”. Todos sabemos que la coherencia no ha sido el mayor atributo del expresidente y su partido, pero no deja de ser sumamente curiosa esta elección. La propuesta va desde otorgar subsidios hasta la inclusión de profundas reformas institucionales, de una magnitud sin precedentes desde 1991. La Amazonía es solamente el último de los 13 puntos propuestos. Quizás el partido que promueve la aspersión con glifosato, el fracking y que se ha encargado de embolatar la aprobación del Acuerdo de Escazú está buscando la redención en sus titulares.


Lastimosamente, nuestra democracia se ha visto debilitada desde el surgimiento de las redes sociales como medios oficiales de comunicación. Es mucho lo que se escucha, son pocos los argumentos y los análisis críticos. Con el referendo, se ve un apoyo ciego, manso y obediente, por esto, les presentaré cuatro puntos inquietantes.



Comencemos con lo básico, los poderes de un referendo constitucional no son ilimitados. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, que el poder de reforma, incluso de un referendo, no puede sustituir la Constitución. Esta primera idea es fundamental para evaluar si estas propuestas son constitucionales y qué ocurriría en la Corte si se llegara a convocar formalmente el referendo. Pero dejando esto de lado, entremos en materia.


Una primera propuesta que llama la atención es la de dejar una o dos Altas Cortes, donde se contempla la posibilidad de que estén conformadas por magistrados vitalicios. Actualmente contamos con 3 Altas Cortes. En su afán por acabar con las instituciones de la justicia colombiana, el CD propone eliminar a alguna(s). No es la primera vez que se quiere optar por un modelo de un único tribunal, como en EEUU, o dos tribunales que serían la Corte Suprema y el Consejo de Estado, como funcionaba antes de 1991. Así, se pasaría a eliminar la Corte Constitucional, una institución que no deja de ser controversial, pero que ha logrado, ante la incompetencia de nuestros congresistas, la legalización del aborto en tres causales (y ojalá se amplíe prontamente), el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ, la eutanasia, la protección de las minorías, etc. Además, no parece posible que un solo Tribunal logre expedir la cantidad de decisiones que expiden 3 actualmente. Por ejemplo, durante la cuarentena el Consejo de Estado tomó 91 decisiones por día y 12 decisiones por cada hora hábil de trabajo.


Como parte de estas revolucionarias reformas institucionales, se propone también cumplir con el añorado sueño uribista de eliminar la JEP. Propuesta que no tiene pies ni cabeza. Mientras que la CPI y la Unión Europea insisten en su rol esencial y la posibilidad de que se convierta en un referente mundial, el CD lo tacha de clientelista e ilegítima. Dicen que la embajadora Llombart habla sin fundamento y en contra de la mayoría de colombianos (obviamente ellos), pero no explican por qué la JEP es esencialmente corrupta (más allá del aislado caso del exfiscal Bermeo; si por un caso se manchara una institución, ni hablar del uribismo y el Congreso). Pero siempre la verdad prevalece, si no véase el caso Santrich, donde el Espectador reveló que la Fiscalía y el Gobierno de EEUU contaban con 24.000 audios pero tan solo aportaron 12 al proceso. La culpa de la libertad de Santrich radica únicamente en la negligencia de la fiscalía.


Ahora, la reforma al Código Penal, de esas populistas que tanto le gustan al partido de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque el CD no ha logrado comprender el funcionamiento de la política criminal del país, ya lo vimos hace unos meses con la aprobación de la cadena perpetua, una medida inutil, sin fundamento técnico y, por tanto, populista. Ahora, proponen incrementar las penas para los homicidios de líderes sociales. No me malinterpreten, esta es una problemática de suma importancia, según Indepaz en lo corrido de 2020 van 237 líderes sociales asesinados. Lo que no nos cuenta Uribe es que el Código Penal ya incrementa la pena de los homicidios de defensores de Derechos Humanos, líderes sindicales, políticos o religiosos (numeral 10 del artículo 104). La pregunta inevitable es ¿de qué ha servido? ¿Por qué proponer una medida que ya está en la ley y que no ha sido efectiva? Una respuesta: populismo punitivo. Logran redireccionar el debate sobre la pobre gestión del Gobierno con una propuesta inútil.


Por último, proponen la reducción del salario de los congresistas. Sin embargo, curiosamente no apoyaron la Consulta Anticorrupción hace dos años, porque primero va el partido y los intereses políticos. Súmele que varios de sus senadores negaron la propuesta de eliminar los “viáticos”, innecesarios en tiempos de pandemia, equivalentes a $14.070.068 el pasado 14 de octubre. Nadie niega que sea una buena propuesta, pero eso no elimina el carácter populista y oportunista dado el historial del CD. Ahora, lo más grave es el tema de reducción del Congreso a un 30%. Una mayor cantidad de parlamentarios asegura una mayor representatividad y pluralismo, mientras una menor cantidad otorga mayor eficacia para llegar a decisiones. Suprimir indiscriminadamente curules supone un riesgo latente de dejar sin voz a las regiones y minorías, que ya de por sí no son tenidas en cuenta.


Ninguna de estas propuestas del referendo nos va a salvar. No traen cambios sustanciales e incluso su constitucionalidad está en tela de juicio. No es más que una jugadita política para desviar la atención de los enredos de Uribe, del fracaso del Gobierno, de los audios de Cayita, etc.


Pd: si vieron que al uribismo le salió el tiro por la culata en EEUU con el apoyo a Trump, si bien el castrochavismo ahuyentó algunos votantes, no montó un presidente.


Por: Juan Camilo Monsalve. Estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de los Andes.


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