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El 2020-2 camina por la cuerda floja | Parte 2

Datos de estudiantes desertando, caída en las consultorías y los servicios profesionales, una reducción en el número nuevo de matriculados, una proyección del déficit que llega a los 100 mil millones de pesos y en general un panorama económico Nacional con los peores indicadores de la historia se configuran para volver al 2020-2 uno de los semestres más complicados para la Universidad de los Andes.

Aunque las medidas sobre la admisión parecieron funcionar -el 45% de los inscritos vienen de los 61 colegios con admisión automática-, Los Andes tendrá que jugar varias cartas para balancear sus ahorros, mantener lo más alto el número de matrículas y ayudar a los estudiantes que más lo necesitan. Una factura que, para muchos, le llega por la baja diversificación de sus ingresos. El Uniandino le cuenta la historia completa.

***Esta es la segunda entrega de un reportaje de El Uniandino sobre el futuro del próximo semestre en varias aristas: las matrículas, la diversificación de ingresos, la nómina de los profesores y la calidad de la cases. Lea la próxima semana la segunda parte.


***Aquí puede consultar la primera parte





Medidas de austeridad


El Uniandino se preguntó por las principales tensiones que vive hoy la comunidad. En el primer artículo se pusieron sobre la mesa algunos puntos álgidos a propósito de los ingresos de la universidad: las matrículas y la diversificación de ingresos. Ahora cabe hablar de sus gastos. ¿Siguen siendo los mismos en el campus? ¿Cuál es el panorama de la nómina de profesores? ¿Cómo se podrían garantizar la calidad de las clases? Tratamos de entender estas preguntas en la segunda parte de este reportaje.


El rector, Alejandro Gaviria, se refirió a un esfuerzo de la universidad para reducir sus gastos, los cuales se basan en tres rubros principales: la nómina de los trabajadores, la manutención del campus y las inversiones. A través de las actas del Consejo Académico, El Uniandino confirmó la gestión de un plan organizado por la Vicerrectoría de Servicios y Sostenibilidad y el Comité Directivo que busca reducir rubros innecesarios. Este plan tiene tres fases. La primera, de congelamiento de contratación e inversión en tecnología; la segunda, pretende evaluar presupuestos por facultades y oficinas para optimizar y reducir recursos, y la tercera explora posibles donaciones y aportes voluntarios.


Sobre estas reducciones, hablamos con Maurix Suárez, gerente del campus, quien maneja todo lo relativo a la operación y sus inversiones, dice: “Tres grandes rubros de gastos en operación son aseo, seguridad y mantenimiento”. Suárez explica que se han tratado de reducir pero hay actividades que necesariamente siguen operando. “En aseo son acuerdos con Casa Limpia para mantener vinculado al personal porque no se despidió a nadie, entonces hay que pagarles a las personas. Además, el campus hay que mantenerlo. También se decidió tener personal de jardinería porque no se pueden dejar dos hectáreas sin mantenimiento tres meses”. El gerente del campus añade que estos gastos (agua, energía, mantenimiento, etc.) representan entre el 8%-10% de gastos totales en la universidad.


Antes de la llegada de la pandemia, a propósito del apretón económico que tuvo la universidad para invertir en infraestructura y la disminución del alza en las matrículas, como lo contamos en la primera parte, se habían hecho algunos esfuerzos de austeridad. Suárez explica: “La última vez logramos reducir 700 millones en operación en la reducción anual que se hizo en marzo. El presupuesto anual de la universidad total es cerca de 700 mil millones de pesos. Entonces 700 millones es mucha plata pero porcentualmente en la estructura de costos y gastos es un porcentaje muy chiquito que no alcanza a incidir en otros efectos”.


Respecto a las inversiones, según el acuerdo presupuestal de rentas y gastos para el 2020, se había previsto una inversión en infraestructura de $66.575 millones de pesos y entre otros valores que se pueden consultar acá. El gerente del campus comenta que esta es una planeación a largo plazo que se había hecho en septiembre del año pasado cuando se aprobó la primera versión del presupuesto. “A hoy ya hemos reducido treinta mil millones de pesos en inversión mayor, eso básicamente significa aplazar proyectos porque obviamente no es el momento de iniciarlos”.


La universidad ha continuado con algunos proyectos que ya estaban iniciados, por ejemplo, la fase uno del Centro Cívico, el reforzamiento del bloque K y de las casas Au. “Son obras que ya están lanzadas, que ya hemos hecho el 60% de la inversión y tenemos que completar las inversiones para que así termine”. Respecto al Centro Cívico, Maurix Suárez agrega “es un proyecto que vale 76 mil millones de pesos que a la fecha podemos tener ya invertidos… Sería irresponsable pararlo ahora”.


A partir de la emergencia sanitaria, parte del presupuesto de inversión en infraestructura se ha dirigido a la implementación tecnológica del campus virtual. En ese sentido, se ha contemplado la opción de hacer lease back con algunos edificios, esto es, la venta del edificio a una institución financiera, pagar arriendo con una cláusula por un periodo y una vez finalizado ese periodo, contar con la posibilidad de comprarlo de nuevo. Esto fue confirmado por una fuente de alto nivel anónima.



La nómina


La nómina corresponde aproximadamente a 400 mil millones del presupuesto total siendo por mucho el mayor gasto de la universidad. La importancia de este rubro es tal que una de las primeras medidas en este nuevo plan organizacional fue la protección de la comunidad profesoral a través de la congelación de la nómina y el cambio de los contratos a término indefinido.


A propósito de la congelación, Oscar Pardo, Vicerrector de Servicios y Sostenibilidad, le cuenta a El Uniandino que “la primera medida que tomamos era proteger a nuestra gente. No vamos a contratar nuevos profesores”. El rector Gaviria dijo en el Consejo Académico del 16 de abril que era posible que la universidad no aumente su planta de profesores sino hasta el año 2023 o 2024, como resultado de la emergencia sanitaria. La medida relativa a los contratos a término indefinido implica que ya no será necesario que cada año los profesores de planta deban renovar su contrato. Esta medida generará mayor seguridad para los profesores en términos de estabilidad laboral.


Por su parte, Felipe Acosta, representante ante el Consejo Superior, explica que la medida era algo que se estaba pensando incluso antes del nuevo plan organizacional. “El rector le está apostando a una comunidad que no tiene esa incertidumbre constante de si el otro semestre los van a despedir de la universidad o no, generar ese sentido de comunidad”. No obstante, es una medida arriesgada en la flexibilidad de despido. “El rector simplemente está muy convencido de que no vamos a sacar profesores a menos a que sea extrema la situación”, continúa Acosta, “en su mayoría de verdad han mostrado un compromiso serio con la institución y mediante los decanos se está haciendo monitoreo al trabajo de cada uno de los profesores”.


El 23 de abril en el Consejo Académico, la directora de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Sonia Murillo, explicó más sobre esta medida: “Cada profesor y empleado de planta, con contrato a término fijo, va a firmar como mutuo acuerdo un otrosí con una cláusula sobre el paso a contrato a término indefinido. Las demás condiciones del contrato laboral se mantienen”. Así, no se harían liquidaciones porque se da continuidad. No obstante, Murillo termina diciendo que la contratación a término fijo de un año o inferior se mantiene en algunos casos, incluyendo los contratos laborales de profesores de cátedra.


Cabe mencionar que el nuevo tipo de contratación a término indefinido tiene implicaciones en la discusión sobre la reducción de salarios. Acosta explica que “esta medida tendría que ser voluntaria especialmente porque con el nuevo sistema de contratación a término indefinido, todas estas cosas se hacen más por un acuerdo entre las partes”.


En su comunicado, el rector anunció medidas que incluyen una reducción transitoria de los salarios de los directivos. Desde el 7 de mayo en el Consejo Académico, se acordó “un ajuste en el contrato social por seis meses”. Así, el rector reduce su compensación salarial en un 20%, los vicerrectores 15%, los decanos 10% junto a otros directivos incluyendo directores de departamento. Adicionalmente, se empezó a promover una convocatoria para donación de una fracción del salario a los profesores o la creación de un fondo de apoyo profesoral para contribuir a esta emergencia. El rector comentó en dicho Consejo que, como ya veíamos antes, si bien el endowment garantizaría la ampliación de los créditos para los alivios financieros, la reducción del 10% o el bono solidario en la matrícula se apalancaría en el ajuste del contrato social mencionado.


Según una fuente confiable que pidió no ser mencionada, el salario del rector es de aproximadamente 50 millones de pesos. La información, que es de difícil acceso, no pudo ser comprobado por El Uniandino. Respecto a los profesores, en este artículo del 2018 en el diario La República se expone que en la Universidad de los Andes, en el caso del docente magistral con un doctorado, puede ganar $450.000 por hora en promedio. Por su parte, los profesores de planta con doctorado reciben un salario entre los $7 y $16 millones al mes. Cabe anotar que de acuerdo al boletín estadístico, actualmente hay 756 profesores de planta y 1030 de cátedra, y de los primeros, el 76% tiene doctorado.




Calidad de las clases


“Es un tema muy complejo porque nuestro trabajo no se ha modificado a la baja, sino que la virtualidad nos ha demandado mucho y, sobre todo, no implica una reducción en la calidad de nuestra docencia ni de nuestro trabajo”

Para muchos estudiantes, la calidad de las clases virtuales no ha sido equivalente a la de la oferta presencial. Daniela Morales, estudiante de noveno semestre de ingeniería química, afirma que aunque no es culpa de nadie, para ella la calidad académica disminuyó considerablemente. “Por simple lógica, la universidad está prestando un servicio. La coyuntura no permite ofrecerlo de forma óptima, lo más racional es hacer una reducción en la matrícula. Porque más allá de las notas, para mí la calidad de las clases ha disminuido un montón. No todas las clases están hechas para ser ofrecidas en modalidad virtual”.


Hablamos con William Paiba, coordinador del departamento de literatura sobre este aspecto. “Muchos estudiantes podrían preguntarse por qué no le bajan a la matrícula si no es lo mismo virtual y presencial, yo me atrevería a decir que el profesor hace su trabajo de la misma manera, con la misma dedicación e incluso más. Entonces eso no implica que se baje calidad”. Además, nos dijo que en caso de que se tuvieran que bajar los sueldos de los empleados o profesores también se ha contemplado la posibilidad: “Si llega un momento en el cual uno tiene que decir que le bajen, pues por supuesto que se hace: hay una dinámica social que afecta a todo el mundo y entre todos deberíamos trabajar de manera colaborativa”.


En la misma línea, la directora del departamento de Historia, Muriel Laurent, habla de ello. “Es un tema muy complejo porque nuestro trabajo no se ha modificado a la baja, sino que la virtualidad nos ha demandado mucho y, sobre todo, no implica una reducción en la calidad de nuestra docencia ni de nuestro trabajo”.


Los profesores también hablan de algunos retos que han tenido que vivir en la virtualidad. En el caso de ingeniería, Sergio Velásquez, profesor de cátedra del departamento de ingeniería de sistemas, comenta que en el departamento y en general en la facultad los estudiantes están acostumbrados a no hablar en clase. “Creo que es algo cultural al menos en ingeniería, que la gente está muy acostumbrada a no participar, demasiado acostumbrada, está bien visto. Eso es malísimo porque uno necesita que la gente que le dé retroalimentación visual. Antes uno lo podía manejar porque miraba a los estudiantes mientras hacía la explicación pero virtualmente es muy complicado”.


Velásquez considera que pedir activar la cámara en clase implica invadir la privacidad de los estudiantes y agrega que al hablar con sus estudiantes, se ha dado cuenta que “muchos de ellos que son tímidos, participan menos ahora porque queda grabado”. Varios profesores han optado por grabar sus clases como un recurso de apoyo para estudiantes que tengan mala conexión o no puedan conectarse a la hora de la clase.


La vicerrectora académica, Raquel Bernal ha informado que se prevé hacer capacitaciones en junio y julio a la gran mayoría de profesores. En este momento, según la vicerrectora, hay 250 profesores de planta que ya estaban capacitados para la virtualidad por experiencia previa. Así, en el periodo intersemestral, se organizará una serie sesiones de formación cortas para que 500 profesores de planta puedan diseñar cursos en modalidad blended.


“Aquellos muchachos que están pensando que van a aplazar y en enero vuelve a la normalidad, [no es así]. Si un muchacho piensa en aplazar, que vaya pensando en aplazar un año y medio [...]"

Como ya se ha empezado a divulgar desde las facultades, el siguiente semestre se ha planeado una opción de semipresencialidad a partir de modalidad blended para cursos como laboratorios, talleres y estudios que requieran más presencialidad y una opción de virtualidad para clases con mayor nivel de riesgo por la cantidad de estudiantes o porque su metodología lo permita.


En otras universidades se contempla este panorama. Oscar Pardo nos comentaba que se está trabajando con 15 universidades para presentar dicho plan al Ministerio de Educación. En el caso de la Universidad de la Sabana, Iván Lozano, representante estudiantil para el Consejo Superior, cuenta que se había discutido sobre una posible semipresencialidad en La Sabana a través de una medida llamada “pico y campus”. Básicamente como el pico y cédula, es decir, que algunas personas vayan algunos días a la universidad por turnos. Esto ha suscitado críticas por los riesgos y movilidad, y todavía no es una medida oficial.


No obstante, estos planes dependen de las decisiones distritales y nacionales. En todo caso, pese al riesgo sanitario, se han anunciado diversas medidas de bioseguridad para llevar a cabo la semipresencialidad. No obstante, si alguien decide no asistir, Bernal explica que cada sesión presencial se grabará y será publicada en el aula virtual del curso. “Desde la gerencia del campus trataremos de adecuar micrófonos que faciliten esta tarea en las aulas”.


La universidad está preparando la adecuación para el próximo semestre y el período de pago de matrículas será del 28 de mayo a 23 de julio con vencimiento único y sin sobrecargo en el pago de matrícula.


Queda la pregunta: ¿los estudiantes estarán dispuestos a seguir sus estudios en la virtualidad? El panorama es incierto en medio de la pandemia. El vicerrector Pardo concluye la entrevista con esta advertencia. “Aquellos muchachos que están pensando que van a aplazar y en enero vuelve a la normalidad, [no es así]. Si un muchacho piensa en aplazar, que vaya pensando en aplazar un año y medio. Hay que continuar, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose. Esto se va a acabar en algún momento y uno no puede perder tiempo.”


En todo este proceso se destaca la necesidad de una confianza horizontal, la comunicación desde los altos organismos a los estudiantes más inexpertos y sobre todo, la apertura al cambio. Lo anterior permitiría exigir garantías de seguridad y de calidad en su educación, que quizá es lo que más preocupa a la comunidad estudiantil en este dilema.


Por: Gabriela Herrera Gómez


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